El veredicto final podría acabar con la carrera judicial de Silva, quien podría tener un as en la manga: pretende presentarse como acusación popular contra Blesa si resulta condenado por prevaricación. Una posibilidad perfectamente legal pero inédita en España en el sentido de que nunca un juez que ha llevado a cabo la instrucción ha pasado a ser parte en un proceso.La pena no es ninguna broma: 30 años de inhabilitación a la que se suma una fianza de 60.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias por las que pueda ser conde
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