La inacción ante las denuncias acumuladas no solo genera tensiones entre el Estado español y los organismos comunitarios, sino que también plantea serias dudas sobre la capacidad de la Comisión Europea para hacer cumplir el Derecho comunitario de manera efectiva. El caso en cuestión se ha convertido en una prueba de la credibilidad y eficacia de las instituciones europeas, especialmente cuando se perciben actitudes de negligencia o incluso complicidad hacia un Estado miembro en clara rebeldía, como es el caso de España.
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