La iniciativa es el último excelso favor, y el más importante en la historia de la autonomía, del ente público comandado por el PP de Andalucía a la sanidad privada, que desde 2020 suma cuantiosísimas cantidades que le han sido otorgadas mediante decenas de miles de contratos licitados a dedo (una de las fórmulas cuya legalidad y legitimidad estudian en estos momentos dos tribunales de Justicia andaluces por la llamada «trama del SAS») y mediante el troceo de contrataciones en sumas menores a 30.000 euros, consiguiendo eludir así los protocolos
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