El 5 de diciembre, una sentencia del Supremo dio a decenas de familias unos meses de esperanza. El Alto Tribunal daba la razón a 4 familias afectadas por la venta de vivienda pública del Ayuntamiento de Madrid a un fondo buitre, que habían reclamado que se respetase su derecho de retracto, reconocido en los contratos que habían firmado con la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo. Es decir, obligaba a la socimi que gestiona los alquileres de Blackstone, a venderles los pisos por el mismo precio de saldo al que saldo al que se los compró.
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