Avanzar hacia un verdadero estado laico es uno de los puntos del programa del PSOE que le han permitido obtener apoyos para llegar al gobierno tras ganar la moción de censura a Mariano Rajoy. En esta promesa es dónde debería enmarcarse la reciente reunión de la ministra Celaá con representantes de la jerarquía católica española.
Desgraciadamente, no ha sido posible obtener la versión de la ministra sobre los resultados de esta reunión. Solo esto ya es una mala noticia; parafraseando al Bardo de Stratford-upon-Avon, algo huele a podrido, y no es precisamente en Dinamarca.
Pero al menos tenemos la versión de los obispos. Parece ser que se avienen a negociar asuntos como inmatriculaciones y pago de impuestos por inmuebles, pero el asunto de la enseñanza ya es otro cantar. No es nada extraño, la educación en centros católicos no solo un suculento negocio, es también garantía de futuros prosélitos y fuente de numerosos empleos para adeptos de fidelidad reconocida, la mayoría de ellos pagados con dinero público.
Especialmente resistentes se han mostrado con la enseñanza de Religión. El estatus concedido por el gobierno de Rajoy a esta asignatura es el ideal desde el punto de vista de los obispos. Parece ser que el ministerio plantea que deje de contar para pedir becas o entrar a la Universidad y que deje de existir una asignatura alternativa evaluable obligatoria para los alumnos que no deseen ser adoctrinados.
Los obispos no se han amilanado y han disparado alto y advierten que cualquier cambio sobre este asunto requiere modificar la Constitución y denunciar los acuerdos con el estado vaticano de 1979. Quería yo expresar mi opinión sobre ambas cosas.
En cuanto a la actual Constitución, el tratamiento que hace de la Religión es una de las más obvias concesiones realizadas por los negociadores del texto a las autoridades franquistas que detentaban aún todo el poder, y que trataban de preservar las prebendas y privilegios otorgados a la iglesia católica durante la dictadura. Sin embargo, merece la pena analizarlo con más detalle.
Empecemos por el art. 27.3: Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
¿Cómo se deduce de esta frase que hay que introducir esa formación religiosa en los planes de estudio oficiales y en las escuelas pagadas por el estado? Es evidente que, aun admitiendo que exista ese derecho de los padres (lo cual es cuando menos discutible), los demás no estamos obligados a financiarlo. La catequesis religiosa en iglesias, mezquitas, pagodas y chozas de brujo, dependiendo de la religión elegida, es suficiente para garantizar esa formación.
Otro comentario merece el art. 16.3. (primera frase): Ninguna confesión tendrá carácter estatal. En castellano la frase anterior es equivalente a que España es un estado laico. Pero sigamos con el art.16.3. (segunda frase): Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.
Es evidente que el espíritu de esta frase es contradictorio con la anterior del mismo artículo, y su finalidad es simplemente dar cobertura en la Constitución a los Acuerdos con el estado vaticano negociados íntegramente antes de la aprobación de la Carta Magna de 1978 y refrendados a los pocos días. Un paraguas constitucional que ha permitido a estos Acuerdos sobrevivir hasta nuestros días dotados con el rango de Tratado Internacional, independientemente del partido gobernante.
En todo caso, incluso con esta ridícula corrección a la laicidad del estado, es evidente que la frase no obliga de manera efectiva a ninguna relación concreta con la iglesia católica, siendo posible eliminar, catequesis religiosa en la escuela, financiación del culto a través del IRPF con cargo al erario, capellanes en ejército y hospitales, etc…
Vayamos entonces a los preconstitucionales acuerdos con el miniestado vaticano; un singular país cuyo único interés radica en extender e imponer su ideario religioso a otras naciones. Unos acuerdos que, amparados por el rango de tratado internacional, permiten a ese estado extranjero abiertamente confesional mangonear los planes de estudio de los estudiantes españoles, y ello en un periodo que abarca desde la educación infantil (!!) hasta el bachillerato, llegando incluso a instancias universitarias.
Como consecuencia de ello, los obispos se arrogan la prerrogativa de imponer una asignatura obligatoria de catequesis, impartida por profesores seleccionados por ellos en atención a su afinidad ideológica con sus preceptos religiosos y morales pero, eso sí, pagados por el dinero del erario. Una catequesis que conlleva ventajas para repetir curso, obtener becas y acceder a la Universidad a los alumnos que se hayan sometido voluntariamente al dictamen evaluador del profesor que la imparte. Y, simultáneamente, los alumnos que no se sometan a ello, deben cursar enseñanzas de ética o historia y cultura de las religiones que, si fueran realmente importantes, deberían ser cursadas por todos los alumnos. De hecho, cualquier intento de aportar conocimientos útiles a los alumnos rebeldes durante la clase de catequesis impartida en horario escolar, despierta inmediatamente la ira de la Conferencia Episcopal.
Es ya urgente denunciar esos acuerdos de rancio aroma nacionalcatólico. Y, con un poco más de tiempo, pero sin demorarse más que lo imprescindible, reformar también esa Constitución que va a terminar siendo un impedimento para la convivencia entre españoles. Y no solo por el laicismo.
Claro que, si seguimos dando cancha a la extrema derecha admiradora de la dictadura franquista, la única solución va a ser el exilio.
Salud y República