Cuando hablo con un cliente, una de las primeras cosas que le comunico es lo peor que podría pasarle si su juicio saliera mal. Después le comento las probabilidades de éxito que, desde mi punto de vista, tiene. Y le pido que, con base en esa información, decida si quiere seguir adelante. Lo mismo hago cuando la otra parte propone un acuerdo (llevo sobre todo temas laborales y ahí es raro el juicio en que el empresario no te ofrece algo para alcanzar una conciliación ante el secretario judicial y cerrar el pleito).
La razón es clara: considero inmoral embarcar a una persona en una aventura sin informarle de los riesgos. Si no sabe a qué se enfrenta, no será libre al tomar su decisión, y yo la estaré instrumentalizando para otros fines (desde cobrarle honorarios que no me pagaría si supiese las pequeñas posibilidades de éxito del caso a hacerme famoso si gano un pleito extremadamente difícil).
La sentencia de Juana Rivas me parece un despropósito no sólo por la condena demencialmente desproporcionada que le imponen, sino porque el juez hace algo que cualquier magistrado mínimamente experimentado y dueño de sí mismo no haría: abroncar a una de las partes en el texto de la sentencia. Todo juez sabe que debe dar una imagen de imparcialidad, y eso implica que si usa la sentencia para denostar desde un punto de vista moral a la parte denunciada (y a los partidos y movimientos sociales que la apoyaron), estará dejando ver su plumero de una forma muy negativa para su imagen. Y los demás podrán cuestionar su imparcialidad con mucha razón.
Pero es cierto que la conducta de Juana era tremendamente peligrosa. Y dudo de que le advirtiesen de sus posibles consecuencias. Es como si un empresario ordena a un trabajador que cambie su puesto de trabajo de Murcia a Cartagena. La decisión podrá ser ilegal, pero el trabajador debe obedecerla hasta que un juez lo declare. Si no, será despedido disciplinariamente, y ese despido será muy difícil de tumbar. El marido de Juana era un maltratador, y es muy negativo para la estabilidad y el correcto desarrollo de unos niños tener contacto con un engendro así. Pero hasta que un juez no lo declare, no puedes llevarte a los niños a las bravas sin esperar una condena penal. Es un tema de legalidad, que muchas veces está reñida con la justicia.
Si Juana hubiese sabido eso y, pese a ello, hubiese tomado la decisión de seguir adelante practicando la desobediencia civil, no habría nada que objetar. Pero me temo que, quienes tenían el deber de hacerlo, no le informaron de aquello a lo que se enfrentaba. Y es que el deber de un abogado que asume una causa es, por encima de cualquier otra finalidad, defender a su cliente. Y el primer paso para ello es informarle.
luis70 
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