De cara a la huelga en las empresas TIC Alten, DXC y Getronics, queremos recordar qué supone la vulneración de ese derecho fundamental. La protección está recogido en la Constitución Española, concretamente en el artículo 28.2, e incluso está recogido como delito en el código penal. "Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a dos años o multa de seis a doce meses los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga."

Los sindicatos mayoritarios en el sector, CC OO y UGT, firmaron en abril el convenio estatal de la TIC con incrementos en el sueldo base que, en la mayoría de los casos, quedan absorbidos por los complementos, alerta CGT.

Hoy la patronal y CCOO y UGT firman el nuevo convenio de las TIC, con actualizaciones de tablas mínimas salariales. Vamos a explicaros en lo que nos impacta, basándonos solo en el preacuerdo alcanzado en enero ya que es todo tan transparente que nadie tiene el documento definitivo. El resumen: Si te absorben trienios y tienes complemento absorbible (la inmensa mayoría), este es tu incremento: 0€.

Mientras el capital privado se enriquece como nunca a costa del desmantelamiento, también sin precedentes de la sanidad pública, el gobierno «progresista» en el más puro estilo trilero, prepara el engaño a la población de la manera más vergonzosa posible mediante la nueva ley sanitaria 1 que preparan: dice derogar la Ley 15/97 (la que permite privatizar la sanidad), cuando en realidad la incluye dentro de la Ley General de Sanidad (LGS).

Hemos presentamos una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) pero la Mesa de Congreso nos ha notificado en una resolución de solo cuatro líneas que la ILP no puede ser tramitada. La falta de justificación de la denegación supone no solo una total falta de respeto a las ILP como formula estrictamente democrática de participación ciudadana, ya muy restringida, sino también una situación de indefensión ante la que solo cabe el Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional, con plazos inciertos y costes económicos considerables.

La coordinadora de CGT de ambulancias ha denunciado este lunes ante la Fiscalía la vacunación contra la COVID-19 de directivos de las empresas TSC, Falkc, Ambulàncies Domingo y Ambulàncies La Pau, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias con ánimo de beneficio propio. En un comunicado, este sindicato ha informado de que se ha pedido a la Fiscalía que investigue esos delitos, así como el incumplimiento de la normativa sanitaria que dicta el Ministerio y la Conselleria respecto a la prioridad en la vacunación.

La pregunta debería ser ¿cómo se ha permitido que la dirección de Nissan llegue hasta aquí?. Al final son decisiones que se gestionan por parte de la dirección de la multinacional con años de antelación. En 2008 ya empezó a poner el posible cierre encima de la mesa, y hasta la fecha siempre se han encontrado soluciones de una “mejor o peor” forma. La pregunta es, ¿por qué los diferentes gobiernos permiten que una multinacional que recibe 180 millones de euros de dinero publico en los últimos años, pretenda irse de esta manera?

Como sociedad civil debemos luchar para que se proteja la privacidad de las personas y no se salte en nombre de la lucha contra el Coronavirus. Existe ya un desarrollo internacional de un protocolo de comunicación anonimizado, de código abierto, que permitiría a la población saber si ha estado en contacto con una persona que ha desarrollado el coronavirus sin necesidad de que el gobierno almacene en ninguna parte las relaciones sociales de toda la población. El funcionamiento lo pueden leer en el repositorio del código fuente, en GitHub.

Lo primero, queremos intentar transmitir algo de calma en toda esta situación y ofrecer un poco de información sobre este tema de última hora, pero tenemos que dejar claro que de momento, apenas tenemos información concreta y por tanto hay que tomar esto como un primer alcance pues los cambios se van sucediendo rápidamente. La legislación laboral no recoge ninguna medida parecida y no hay precedentes claros para saber cómo proceder. Pero eso no quiere decir que tengamos que dejar a los pobres a su aventura.

Este miércoles 27 de noviembre el congreso de los diputados ha dado vía libre por muy amplia mayoría al Real Decreto-ley 14/2019 de 31 de octubre por el cual el gobierno, este, el siguiente o el que venga, podrá intervenir con “carácter excepcional y transitorio” redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Las comillas son nuestras porque esta ley tiene mucha chicha y desde la primera línea es un despropósito tras otro con tintes de dictadura orwelliana. Porque ¿quién considera qué es de carácter excepcional? Pues el mismo gobierno.

Si le dices a alguien que curras en una empresa tecnológica posiblemente le venga a la cabeza una imagen de esas oficinas de ensueño donde hay de todo para procrastinar, que hay miles de facilidades para hacer el trabajo mejor, vamos, que es un sitio brutal para trabajar. Pero los que estamos dentro sabemos que esas son las excepciones o simple atrezo.

Comentarios sobre la supuesta ilegalidad de la huelga. Delegados sindicales transmitiendo información parcial. Empresarios que piden a sus empleados que informen sobre su intención de secundar la huelga. CGT Zona Sur ha salido esta semana al paso de la confusión que, a juicio de algunos de los sindicatos convocantes de la huelga general, se ha creado en torno a la huelga feminista del próximo 8 de marzo. CNT y CoBas, que también han presentado preaviso de huelga general,dicen estar recibiendo dudas sobre la legalidad de la huelga en estos días.

CCOO, sindicato mayoritario en el sector TIC, llamó a su afiliación en el sector a votar el preacuerdo. CCOO evitó convocatorias de asambleas y votaciones presenciales, llamando a votar únicamente por sms o por e-mail. Sólo un 29% de su afiliación votó con éstos resultados: Votos SI: 45,63% Votos NO: 45,38% Votos en blanco: 8,99%. Esta forma de votación sin bajarlo a las plantillas supone que de 200.000 personas trabajando en el sector no llega al 1% el porcentaje de trabajadores que han votado y de éstas, ni la mitad apoyan la propuesta.

En relación al derecho de vacaciones hay mucha leyenda urbana y, sobre todo, mayor desconocimiento: ¿Pierdo las vacaciones por estar de baja? ¿Me pueden imponer las fechas de vacaciones? Si trabajo a tiempo parcial, ¿afecta al total de días de vacaciones? Estoy embarazada y el médico me ha tramitado una baja médica hasta el parto.¿Puedo añadir los días pendientes de vacaciones del año pasado después de la baja maternal? Te recomendamos leer atentamente este recopilatorio de las principales dudas para conocer exactamente cuáles son tus derechos.

Tras la pista de un inmigrante de 2a generación, no ha trabajado en su vida, vive de ayudas públicas y se mezcla con integristas islámicos.

Tras la pista de un inmigrante de 2a generación, no ha trabajado en su vida, vive de ayudas públicas y se mezcla con integristas islámicos.

En el último año, solo cuatro empresas del sector han despedido a casi 600 personas con expedientes de regulación de empleo, mientras sus ingresos han aumentado. Después de meses de paros y protestas, CCOO y UGT y la patronal firmarán un nuevo convenio colectivo que CGT critica. El Contact Center es el sector más conflictivo, según la última memoria del Servicio de Mediación y Arbitraje, encargado de dirimir las disputas entre empresas y trabajadores.

Airbus comunicó el pasado viernes la intención de no renovar 84 contratos. Además, abrió expediente disciplinario a 7 delegados sindicales de CGT por realizar una asamblea informativa que puede suponer su despido.

La sección sindical de CNT en el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha conseguido, tras 6 años en conflicto, que se declare la prohibición de contratar con el sector público a la empresa Informática El Corte Inglés (IECISA) durante 3 años. Dicha prohibición, decretada por Inspección de Trabajo, también afecta a la subcontratas Serikat y Cast-Info y abarca la contratación con administraciones locales, autonómicas, estatales y de cualquier estado miembro de la Unión Europea.