Los españoles tienen los políticos que se merecen. Si dejamos que los políticos nos quiten la calle, no podemos quejarnos. Yo sí estaré en la plaza del Rey.

Si quiero mezclar piezas de una Thermomix y una PlayStation 3, para que de esa forma el aparato resultante salpique cuando mato zombies, lo puedo hacer sin cometer ningún delito.

Supongo que si luego intento patentar el monstruito, me dirán que vulnero las patentes de Thermomix y Sony, pero en mi casa hago con los zombies lo que quiero.

"¿No sería mejor dedicar los esfuerzos policiales a luchar contra delitos más graves, en lugar de actuar contra comportamientos que, según insisten varios jueces, no constituyen delito?"

Muy buena pregunta...

Hasta que PRISA no encuentre una salida a Digital +, El País no parará de desinformar sobre "piratería". Una vez perdido el fútbol, la base del negocio de Digital + son las películas yankis. Y eso resta toda credibilidad a la parte interesada, a la hora de desinformar sobre P2P.

Impresionante el editorial de hoy de El Mundo, aún no disponible online:

La voracidad sin límites de la SGAE

SI SE HICIERA una encuesta entre los españoles sería difícil de encontrar una institución u organización más impopular que la Sociedad General de Autores (SGAE), cuya voracidad recaudadora bate todos los récords. EL MUNDO revela hoy un caso que ilustra hasta dónde está dispuesta a llegar con tal de aumentar sus ingresos: la SGAE cobró el 10% de la recaudación de un concierto benéfico de David Bisbal en Roquetas (Almería), organizado para recaudar fondos para salvar la vida a un niño de cinco años con el síndrome de Alexander. David Bisbal no cobró ni un solo euro en este acto, celebrado el 25 de abril, pero la familia del niño tuvo que aceptar incluir en el contrato el pago de ese 10% tras las presiones realizadas por el delegado provincial de la SGAE, que amenazó con impedir el concierto si los organizadores no aceptaban el desembolso de los derechos de autor. La actitud de la SGAE suscita repulsa por muy legal que sea su actuación en este caso. Pero no se trata de un comportamiento aislado, ya que sus delegados aparecen en todo tipo de festejos populares, bodas, romerías y lugares donde se escuchan cuatro notas musicales como insaciables vampiros para que los ciudadanos se rasquen sus bolsillos para financiar a esta maquinaria implacable, que recauda anualmente más de 300 millones de euros. Una de las fuentes de financiación de la SGAE es el impopular canon digital, que es un impuesto que graba todos los aparatos de registro y reproducción de imágenes y sonidos y también los soportes como los CD's y DVD's vírgenes. El canon digital ha sido recurrido ante los tribunales por las organizaciones de internautas, que alegan con razón que se trata de un impuesto preventivo, puesto que hay pagarlo al margen de la utilización que se haga del soporte. Es como si los periódicos exigieran un gravamen por cada ordenador que se vende por el hecho de que muchos ciudadanos los utilizan para leer sus ediciones digitales de libre acceso. El canon digital es injusto, es un abuso que se basa en la suposición de que cada usuario de un aparato electrónico viola las leyes de protección de los derechos de autor. Pero el Gobierno de Zapatero jamás se ha atrevido a enfrentarse al poderoso lobby de la SGAE, es decir, al mundo de cantantes, actores y artistas que apoyan activamente al PSOE a cambio de compensaciones económicas. Habrá quien argumente que, a pesar de los excesos cometidos por la SGAE, la creación intelectual se basa en la protección de los derechos de autor. Estamos de acuerdo. Hay que proteger la creación y la producción de contenidos, pero con una reglamentación razonable en la que exista un equilibrio entre el acceso a la información y la cultura y el derecho a recibir una remuneración por la creación. La SGAE ha hecho del arte y la cultura un negocio sin límites y muy poco transparente en el reparto de sus fondos. La organización dirigida por Teddy Bautista ha llegado a extremos como querer cobrar por los conciertos de música popular de autores anónimos, como sucedió en Jaca. Todo nos lleva a concluir que es necesaria una revisión de la actual legislación en materia de derechos de autor para evitar este tipo de abusos. Hay que establecer un sistema más justo, que no coarte la libertad de los individuos y las posibilidades que brinda el progreso tecnológico. Y ello es compatible con proteger a los creadores que lo merecen y no sólo a la minoría privilegiada a la que favorece la gremial y detestable SGAE.

#8 ¿Una Utopía?

"Tienen muy pocas leyes, pero, para un pueblo tan bien organizado, son suficientes muy pocas. Lo que censuran precisamente en los demás pueblos es que no les basta la infinita cantidad de volúmenes de leyes y de intérpretes. Consideran inicuo obligar a hombres por leyes tan numerosas para que puedan leerlas o tan oscuras para que puedan entenderlas. En consecuencia, quedan excluidos todos los abogados en Utopía, esos picapleitos de profesión, que llevan con habilidad las causas e interpretan sutilmente las leyes."

http://www.scribd.com/doc/2360516/Tomas-Moro-Utopia

#6 La SGAE es, por encima de cualquier otra cosa, un inmenso despacho de abogados, con oficinas en 52 provincias. Tienen un negocio muy bien montado: los gobiernos les hacen las leyes a medida, se dedican a recaudar, y cuando alguien no quiere pagar, le demandan. En cualquiera de los tres casos, todo queda en casa.

Cualquier Decreto que permita cerrar páginas web sin pasar por el Juzgado es inconstitucional, de conformidad con el artículo 20.5 de la Constitución Española:

"Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial."

Y el que intente aplicar la censura previa, comete el delito del artículo 538 del Código Penal:

"La autoridad o funcionario público que establezca la censura previa o, fuera de los casos permitidos por la Constitución y las Leyes, recoja ediciones de libros o periódicos o suspenda su publicación o la difusión de cualquier emisión radiotelevisiva, incurrirá en la pena de inhabilitación absoluta de seis a diez años."

Así que como dice Belén Esteban, esa gran filósofa, nos vemos en el Juzgado.

A estas alturas de la película lo único que queda por saber es quién se quedará con El País.

Otra que cae: http://www.agujero.com

Al parecer perdieron el primer caso, y se les impuso una multa de mil y pico Euros (mas cuantiosos gastos de abogados). Ahora les han vuelto a demandar, y están muy desanimados.

Esto se está poniendo muy serio.