Hace 11 años | Por LuisBarcenas a elmundo.es
Publicado hace 11 años por LuisBarcenas a elmundo.es

La Delegación del Gobierno inicia ahora un proceso contra la persona que notificó la manifestación del 25-S y que, por ello, se convierte en el convocante oficial de la misma. La institución, que encabeza Cristina Cifuentes, ha impuesto a R.O.G.R una sanción que asciende a 6.000 euros. La Delegación, que recurre al artículo 4.2 de la Ley Orgánica 4/1983 reguladora del Derecho de Reunión (4/1983), se ampara en la responsabilidad de los organizadores en la seguridad de la manifestación y en la desobediencia a las Fuerzas de Seguridad.

Comentarios

LuisBarcenas

#4 ¡Gracias!

Autodescartada

jonolulu

Artículo 4.2. Del buen orden de las reuniones y manifestaciones serán responsables sus organizadores, quienes deberán adoptar las medidas para el adecuado desarrollo de las mismas.

Habría que ver qué es convocante, que es organizador y qué es notificante, así como el "buen orden".

De cualquiera de las formas, no sé hasta qué punto se le puede imputar una falta cometida por otro, más allá de la buena intención del primero. Vamos, que supuestamente para eso está la policía

PD: Es la Ley 9/1983, fallo en el artículo

jonolulu

Artículo 3.2. La autoridad gubernativa protegerá las reuniones y manifestaciones frente a quienes trataren de impedir, perturbar o menoscabar el lícito ejercicio de este derecho.

A envainársela. Le tocará ir a juicio y volver a poner en ridículo al Gobierno y su subdelegada

D

La delegación del gobierno representa a una organización mafiosa. Destrucción.