En Italia, la inmigración supone costes crecientes que ya se acercan al gasto en pensiones de invalidez en el presupuesto del estado italiano. Según análisis conservadores, se estima que supondrán un coste de más de unos 4200 millones de euros en el 2017. Esto supondrá un impacto negativo para el crecimiento italiano del orden del 0,24 % del PIB.
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