La etapa más dura, en ese sentido, fue probablemente la primera legislatura de Eduardo Zaplana (1995-1999). En esa época tuvo lugar, por ejemplo, la instauración de la censura previa en los manuales escolares de primaria y secundaria. El objetivo era eliminar términos como País Valencià o referencias explícitas a la comunidad lingüística catalana.

La Constitución Portuguesa no dice que deban permitirse los matrimonios entre personas del mismo sexo, según ha dictaminado el Tribunal Constitucional del país vecino en relación al caso de una pareja de mujeres que pretende contraer matrimonio.

Un tribunal de Estados Unidos halló a un hombre culpable del asesinato de su hija enferma, porque prefirió rezar por la recuperación de la niña en lugar de buscar asistencia médica.

El estadio del Villarreal ha sufrido grandes remodelaciones en los últimos años. En algunas de estas reformas, el equipo ha necesitado de la colaboración del consistorio para acelerar los trámites en los permisos de obras.

Ni el «glamour», ni el derroche, ni siquiera los grandes maceteros de quita y pon que decoran el circuito urbano. Nada de eso ha llegado a los barrios próximos al Valencia Street Circuit, donde predomina un paisaje urbano de solares degradados, colchones viejos tirados en mitad de la calle, zanjas que se eternizan, fachadas ruinosas y hasta gasolineras abandonadas.

Por lo visto la autoridades democráticas venezolanas han decidido dotar al país de una legislación que les permita hacer lo mismo que ya permite la legislación española: poder secuestrar revistas que atenten contra las instituciones del país o cerrar diarios con argumentos similares.

Calpe tendrá 139 nuevos apartamentos. Puestos de trabajo para construirlos y más turistas que cada verano dejarán un buen pellizco en la localidad de la Marina. A cambio, la localidad renunciará a su última franja de litoral.

Las grandes constructoras han aprovechado bien el Plan E del Gobierno central, a pesar de que iba dirigido, sobre todo, a pymes. Han logrado, hasta ahora, proyectos por importe de 206 millones de euros, lo que supone, al menos, el 22% de las obras adjudicadas.

Se estima que el número de solicitantes puede rondar las 100 demandas; dato que dista de la previsión de 200 estudiantes realizada por el rector de la VIU, José Sanmartín, y muy lejana de los 5.000 alumnos que vaticinó el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora.

El Consell propondrá la modificación si el Tribunal Constitucional avala el Estatuto catalán, que está sobre su mesa desde hace tres años, y en concreto el blindaje de inversiones del Gobierno de España en Cataluña que recoge una disposición adicional. Esa fórmula, la de "obligar" al Ejecutivo de Zapatero a mantener un nivel de inversiones a través de una ley orgánica.

La bola de nieve del Gürtel es extremadamente endeble (y fashion): primero se mantuvo prieta gracias a los trajes y ahora lo hace en virtud de los bolsos. No me extrañaría que fuera imposible demostrar la relación entre dádivas y contratos y que, por tanto, la bola reventara de golpe.

La alcaldesa Rita Barberá arremetió ayer contra el Gobierno central y le acusó de no asumir las competencias en materia de inmigración. «Son caóticas las consecuencias del desastroso proceso de regularización del PSOE y nos traslada su responsabilidad», aseguraba Barberá y añadía que el 15,13% de la población de Valencia es inmigrante y el 17,4% está en la Comunitat Valenciana.

La incidencia de estos grupos en las calles ha ido variando. «Entre 2006 y 2007 se comprobó una presencia más intensa. Después disminuyó y ahora hemos notado un rebrote. Hay una gran preocupación por ello», recalcó González. La policía ya ha tomado medidas. Recientemente creó un grupo especializado en la Jefatura Superior para controlar y combatir este tipo de bandas callejeras.

El Ayuntamiento de Morella ha iniciado la expropiación de los 8.000 m2 que ocupa el edificio Colomer Zurita para evitar su ruina. La expropiación se inicia contra la Generalitat, quien se ha declarado propietaria del edificio tras dejar de tener funciones educativas y quedar en el olvido la Fundación Colomer Zurita.

De golpe y porrazo, la ley del menor se convierte en motivo de controversia; la gestión de la sanidad, no. Las violaciones de estas dos chicas son poco menos que responsabilidad directa de los jueces y de los legisladores, que son unos blandos; la muerte de Rayán no es más que la consecuencia del "terrorífico error" de una desgraciada.