Auditar los programas sobre violencia de género es situar bajo sospecha a las asociaciones y funcionarios que protejen a las mujeres. A ese acuerdo infame ha llegado Juanma Moreno y Juan Marin Vox para aprobar los presupuestos andaluces. Lo ha denunciado Araceli Orozco
#1 Hombre, es que dados los antecedentes no es para menos que situarlos bajo sospecha.
Dentro de la cuestión de saber a dónde va la ingente cantidad de dinero destinado al tema de género en Andalucía (y en España, pero ese es ya otro tema), se pidió desde la Mesa del Parlamento Andaluz, a la Junta de Andalucía del PSOE, el número de empleados públicos y su relación dedicados a este tema. La Junta se negó a proporcionarlos alegando los mismos motivos que la del video (un ataque a las mujeres, a lo que hemos conseguido y blah, blah). Por su parte Carmen Calvo calificó de "preocupantes" las peticiones de identificación de empleados, y que nada menos que estaba "en cuestión la seguridad de las mujeres" (WTF?).
Vaya, ni que tuvieran miedo a algo...
Es decir, viva la transparencia, pero no mucha...
Cuando por fin se pudo acceder a la lista, en 2019, en Andalucía se encontraron con lindezas como que el 24% de psicólogos que estaban firmando informes psicológicos de valoración en casos de violencia de género eran en realidad licenciados en filosofía y letras o ciencias de la educación.De los que de verdad eran psicólogos, el 77% no estaban colegiados como es obligatorio por ley y por sentencia del Tribunal Constitucional en 2013 sobre los funcionarios públicos.
Además, de los médicos forenses que trabajan en los juzgados de violencia de género, solo el 59% son funcionarios, el resto interinos puestos a dedo, y en total solo son médicos colegiados el 66%. El resto incumple la ley.
Aparte de los psicólogos que nombraba arriba, en los equipos psicosociales que trabajan con las víctimas hay 106 psicólogos, seis de ellos filósofos y de ciencias de la educación (!!!). Solo 81 de ellos está colegiado, el resto incumple la ley, y lo que es más preocupante: de 106 psicólogos, 79 son de contratación externa a dedo.
La Junta, para ninguna de las contrataciones o funcionariado exigía colegiación, pese a las numerosas denuncias del Defensor del Menor Andaluz. La Consejería de Justicia ha iniciado (por fin!) los mecanismos para que todos los profesionales se colegien como es debido con la oposición y reparos de tachaaaan!... los sindicatos. Sí, curiosamente los mismos que gastaban el dinero de los parados en coca y putas con sus amigos del PSOE.
Cuando alguien se encuentra con una valoración o peritación de alguien no colegiado y quiere reclamar, la Junta no entra a valorar las peticiones y las deriva a los colegios profesionales; éstos niegan su capacidad de supervisión porque el profesional no se encuentra inscrito ni adherido a la disciplina colegial. Así que si un perito psicólogo (o filósofo, vete tú a saber) dicta que le has pegado a tu hijo o que lo has violado y pretendes reclamar, tu queja se pierde en un farragoso limbo del que difícilmente va a salir. No digamos ya si luego se demuestra que lo que decía el perito no era cierto y pretendes que alguien haga justicia.
Todo esto que he puesto, es en relación a la contratación, titulación y solo algunas anomalías de los "profesionales" que existen en el tema. En otro post hablamos sobre el dinero que se mueve, a toneladas, entre círculos internos y externos sin apenas control, y siempre a las dos mismas empresas.
Y se escandalizan porque se quiere auditar el tinglado...
se debería auditar a todos dios: al ejército, ONGs, iglesia, fundación Franco, asociaciones para la recuperación de la memoria histórica... no entiendo por qué estos se quieren escapar al control. El que no tenga nada que esconder no tiene por qué temer
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Auditar a asociaciones y funcionarios es el mal
#1 Hombre, es que dados los antecedentes no es para menos que situarlos bajo sospecha.
Dentro de la cuestión de saber a dónde va la ingente cantidad de dinero destinado al tema de género en Andalucía (y en España, pero ese es ya otro tema), se pidió desde la Mesa del Parlamento Andaluz, a la Junta de Andalucía del PSOE, el número de empleados públicos y su relación dedicados a este tema. La Junta se negó a proporcionarlos alegando los mismos motivos que la del video (un ataque a las mujeres, a lo que hemos conseguido y blah, blah). Por su parte Carmen Calvo calificó de "preocupantes" las peticiones de identificación de empleados, y que nada menos que estaba "en cuestión la seguridad de las mujeres" (WTF?).
Vaya, ni que tuvieran miedo a algo...
Es decir, viva la transparencia, pero no mucha...
Cuando por fin se pudo acceder a la lista, en 2019, en Andalucía se encontraron con lindezas como que el 24% de psicólogos que estaban firmando informes psicológicos de valoración en casos de violencia de género eran en realidad licenciados en filosofía y letras o ciencias de la educación.De los que de verdad eran psicólogos, el 77% no estaban colegiados como es obligatorio por ley y por sentencia del Tribunal Constitucional en 2013 sobre los funcionarios públicos.
Además, de los médicos forenses que trabajan en los juzgados de violencia de género, solo el 59% son funcionarios, el resto interinos puestos a dedo, y en total solo son médicos colegiados el 66%. El resto incumple la ley.
Aparte de los psicólogos que nombraba arriba, en los equipos psicosociales que trabajan con las víctimas hay 106 psicólogos, seis de ellos filósofos y de ciencias de la educación (!!!). Solo 81 de ellos está colegiado, el resto incumple la ley, y lo que es más preocupante: de 106 psicólogos, 79 son de contratación externa a dedo.
La Junta, para ninguna de las contrataciones o funcionariado exigía colegiación, pese a las numerosas denuncias del Defensor del Menor Andaluz. La Consejería de Justicia ha iniciado (por fin!) los mecanismos para que todos los profesionales se colegien como es debido con la oposición y reparos de tachaaaan!... los sindicatos. Sí, curiosamente los mismos que gastaban el dinero de los parados en coca y putas con sus amigos del PSOE.
Cuando alguien se encuentra con una valoración o peritación de alguien no colegiado y quiere reclamar, la Junta no entra a valorar las peticiones y las deriva a los colegios profesionales; éstos niegan su capacidad de supervisión porque el profesional no se encuentra inscrito ni adherido a la disciplina colegial. Así que si un perito psicólogo (o filósofo, vete tú a saber) dicta que le has pegado a tu hijo o que lo has violado y pretendes reclamar, tu queja se pierde en un farragoso limbo del que difícilmente va a salir. No digamos ya si luego se demuestra que lo que decía el perito no era cierto y pretendes que alguien haga justicia.
Todo esto que he puesto, es en relación a la contratación, titulación y solo algunas anomalías de los "profesionales" que existen en el tema. En otro post hablamos sobre el dinero que se mueve, a toneladas, entre círculos internos y externos sin apenas control, y siempre a las dos mismas empresas.
Y se escandalizan porque se quiere auditar el tinglado...
se debería auditar a todos dios: al ejército, ONGs, iglesia, fundación Franco, asociaciones para la recuperación de la memoria histórica... no entiendo por qué estos se quieren escapar al control. El que no tenga nada que esconder no tiene por qué temer
#2 Incluso a los auditores
#6 total, al igual que la policía tiene su departamento de asuntos internos
Y se reafirman en ello
Auditar es bien, pero auditar TODO el dinero público es mejor.
"Protejen"
Control ideológico, eso es lo que son esas auditorías.
Control fascista.
Aplican control ideológico a un concepto puramente ideológico (la violencia de género), todo perfectamente en orden.
Por favor, no vuelvas a publicar una mierda así con faltas de ortografía reiteradas. Analfabeto!