El coste del alquiler de una habitación absorbe gran parte del salario neto de un joven, a lo que hay que sumar muchas veces gastos corrientes del piso. Es "económicamente imposible" el acceso a una vivienda completa en alquiler en solitario por parte de los jóvenes. "Les deja sin margen para ahorrar y plantearse comprar una vivienda algún día". "Lo que estamos viendo no es una generación que no quiere comprar. Es una generación que no puede ni planteárselo porque sus ingresos se disuelven mes a mes en el alquiler".

Mientras que antes se elegía vivienda por los servicios del barrio o condiciones familiares; ahora el criterio es el precio por metro cuadrado. Lo que está pasando es una expulsión a las zonas metropolitanas. Solo los que pueden pagar viven en el centro, y eso genera una ciudad dual: gente que destina 1.500 euros para estar a cinco minutos de la oficina frente a trabajadores que viven a una hora en transporte público. En paralelo, crece la turistificación, que reduce la accesibilidad porque los pisos pasan a ser para estancias temporales.

La tasa de esfuerzo para adquirir una vivienda nueva llega al 44% de la renta del hogar medio en el conjunto nacional, mientras que en Madrid y Barcelona la proporción se eleva hasta el 57% y el 68% respectivamente. En enclaves turísticos y municipios con fuerte presencia internacional, la ratio supera el 80%. El estudio concluye que el patrón actual del mercado residencial favorece la creación de producto orientado a rentas altas y turismo, lo que amplía las dificultades de acceso para los hogares medios.

"Los sueldos están fallando y la capacidad adquisitiva de los jóvenes es cada vez menor" y, por ello, no pueden pagar el alquiler de una vivienda libre teniendo en cuenta los precios del mercado y mucho menos afrontar una hipoteca. El consejero ha echado la vista atrás para señalar que, hace veinte años, los sueldos que se pagaban sí que permitían adquirir viviendas al precio de entonces. Sin embargo, "ese equilibrio ahora se ha roto, y la relación entre salario y precio de la vivienda ya no es la misma". "Se les paga poco".

Los arquitectos aseguran que hay una demanda creciente de propietarios que quieren segregar sus viviendas, sobre todo en ciudades como Vigo o A Coruña, donde hay más necesidad de pisos. «Hay un cambio en las unidades familiares, están aumentando las familias monoparentales, por ejemplo, y la vivienda que hay se queda obsoleta: hay muchos pisos grandes que fueron construidos a principios del siglo pasado y no se adaptan a las necesidades reales». Seis de cada diez hogares están compuestos solo por una o dos personas.

España “sigue siendo un país de propietarios, pero cada vez lo somos menos”, el 73% de los españoles vive en una vivienda de su propiedad, y se ha convertido en un factor decisivo del voto de los ciudadanos, especialmente entre los más jóvenes. Las diferencias ideológicas afloran cuando se pregunta por los responsables de aportar soluciones: entre los votantes de derecha se señala principalmente al Gobierno de España, mientras que entre los de izquierda se atribuye más responsabilidad a las comunidades autónomas.

El Tribunal Supremo ha avalado una de las medidas que más enfureció a los constructores durante el mandato de Ada Colau y que Jaume Collboni pretendía reformar, aunque no ha encontrado por ahora los apoyos para ello: la obligación a los promotores inmobiliarios de destinar el 30% de las nuevas edificaciones a vivienda protegida.

Por "las dificultades que enfrentan los agentes de la Policía Nacional debido al alza descontrolado de los precios de la vivienda y alquileres, impulsado por la demanda de residentes gibraltareños que buscan opciones más asequibles en La Línea (donde, por ejemplo, un piso de 64 m² cuesta unos 110.000€ frente a 318.000€ en el Peñón). Muchos policías, con sueldos ajustados a la escala nacional, se encuentran con dificultades para acceder a viviendas decentes, obligados a compartir pisos o conformarse con opciones precarias.