La campaña de represalias políticas del presidente de EE.UU., Donald Trump, acaba de dar dos pasos embarazosos hacia atrás y un salto gigante hacia adelante. El colapso de los casos penales contra el exjefe del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, planteó dudas sobre la competencia del Departamento de Justicia después de que un juez dictaminara que la fiscal elegida por Trump fue nombrada ilegalmente en medio de procesamientos apresurados bajo presión política.
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