"El protocolo dictó el silencio pero nosotros hoy dictamos el recuerdo. Este manifiesto es un acto de justicia para los 7291, y hoy ponemos voz a su último aliento, para que su historia no termine en un triste informe, sino en nuestra conciencia compartida. Sobre todo en la conciencia de aquellos que un día, creyendo estar por encima del bien y del mal, decidieron que una vida humana valía menos que otra."
Audiovisual ideado, realizado y producido por Chón García que junto al colectivo de artistas «Cu4tro» de Elche, han colaborado donando su obra para esta exposición

Los magistrados entienden que se puede investigar este nuevo delito “en relación a la orden que hubiera transmitido al Hospital de Getafe” y a una residencia geriátrica aunque lo circunscriben solo a este caso, y no al resto de los que se investigan en la Comunidad “por exceder del marco del procedimiento”. Es decir, porque este tribunal solo tienen competencia en esa localidad.

Es el quinto procedimiento judicial en el que los ex altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid están citados como imputados por las muertes sin asistencia médica dentro de las residencias en los meses más duros del covid-19.

La obra da voz a los parientes y trabajadores que sufrieron los llamados "Protocolos de la Vergüenza" durante la pandemia

Esta semana se cumplen 2.000 días desde que comenzó el conteo que miles de familias de la Comunidad de Madrid jamás hubieran querido llevar: el tiempo transcurrido desde la publicación de los conocidos protocolos de la vergüenza. Unas directrices que negaron a 7.291 personas el traslado a un hospital durante la primera ola de la pandemia. Desde entonces, cada familia de las víctimas suma días a una cuenta que sigue creciendo entre el silencio y la falta de respuestas.

Los afectados, hijos de residentes que no fueron hospitalizados en Madrid, piden indemnizaciones al Ministerio de Sanidad y a la Comunidad de Madrid de entre 60.000 y 200.000 euros

El hijo es quien ha presentado la demanda, tras el fallecimiento de sus padres en marzo y en abril de 2020 en sus domicilios, sin haber recibido atención médica, "como consecuencia de la aplicación de los protocolos de exclusión elaborados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso", presidenta de la Comunidad de Madrid, según ha expresado la asociación. Estos protocolos son conocidos como los "protocolos de la vergüenza"

No fue ni tras la declaración del estado de alarma ni tras la publicación del Protocolo de la Vergüenza. Pasó mucho antes. Los traslados de los mayores enfermos de covid-19 desde las residencias a los hospitales en la Comunidad de Madrid empezaron a restringirse el 7 de marzo, cuando la ocupación de las camas ni siquiera llegaba al 10%. Las cuatro versiones de las instrucciones que oficialmente impidieron esas derivaciones tan sólo tuvieron por tanto una explicación: ratificar por escrito lo que ya se estaba haciendo. Dar, en definitiva, una especie de amparo a los geriatras que hacían efectiva la decisión de mantener en los geriátricos a los mayores infectados.

"La Comunidad de Madrid, la única comunidad de España y me atrevería a decir del mundo, en la que se impidió el acceso de los mayores a un cuidado sanitario durante la pandemia. No es lo mismo morir ahogado que morir sedado, no es lo mismo morir acompañado que morir abandonado..."

Miriam Alía, de Médicos Sin Fronteras, sobre lo perpetrado en las residencias de Madrid: “Es la primera vez en mi vida, en 18 años de experiencia humanitaria, que veo un triaje que se basa en dependencia”. Tienes que ser muy desalmado para que no te impacten estas palabras.

7291, protocolo de la vergüenza - (Viñeta de Eneko para Público).

Los socialistas han cargado contra la decisión de cobrar 400.000 euros a las familias de los fallecidos