El pasado 6 de abril de 2016 el Pleno del Congreso de los Diputados, con el apoyo de todos los grupos y el voto en contra únicamente del Partido Popular, aprobó plantear ante el Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones entre la Cámara y el Gobierno como consecuencia de la negativa del poder ejecutivo a someterse a las iniciativas de control parlamentario presentadas por el poder legislativo.