En ese período hemos asistido al desapoderamiento de los interventores y secretarios en el ámbito de la administración local; a innovaciones sorprendentes como la posibilidad de que en ocasiones sean los propios ayuntamientos los que designen a su interventor; a la contratación masiva de interventores interinos (cuya posición laboral, más débil, les hace más vulnerables a las presiones externas); o la generalizada “huida del Derecho administrativo” mediante la atribución de funciones públicas a fundaciones y sociedades mercantiles públicas.
Comentarios
#0 Con la nueva configuración que tengo el enlace se ve todo, toíto, en texto plano
#1 ¡Madre mía!
No he encontrado el artículo en la web. Iré buscándola y cuando aparezca cambiaré la url y te aviso.
Edito: Prueba con Evernote Clearly
Lo que dice este texto debería ser la base de cualquier propuesta seria de medidas anticorrupción:
necesitamos reforzar los mecanismos de la Intervención General a nivel autonómico y local. Los mecanismos de control y fiscalización administrativa son una garantía esencial para prevenir la arbitrariedad de los gobernantes. La Administración pública no puede ser una simple correa de transmisión de las decisiones de los líderes políticos, sino que ha de desempeñar una función de control de su corrección.(...) un funcionario ha de ser alguien con capacidad de poder decir “no” a la ilegalidad.(...)un debido apoderamiento de estos mecanismos de control e intervención. Sin embargo, es sabido que el camino recorrido en las últimas décadas es justo el inverso: el minucioso desmontaje de dichos mecanismos. En efecto, en ese período hemos asistido al desapoderamiento de los interventores y secretarios en el ámbito de la administración local; a innovaciones sorprendentes como la posibilidad de que en ocasiones sean los propios ayuntamientos los que designen a su interventor; a la contratación masiva de interventores interinos (cuya posición laboral, más débil, les hace más vulnerables a las presiones externas); o la generalizada “huida del Derecho administrativo” mediante la atribución de funciones públicas a fundaciones y sociedades mercantiles de capital público, que por su naturaleza están sometidas a menos controles…
No recuerdo que ningún partido haya siquiera mencionado esto.