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Un juzgado de Avilés entiende que la reforma vulnera derechos fundamentales, como el de la igualdad ante la ley y el derecho a una tutela judicial efectiva. Los efectos inmediatos derivados de esta cuestión de inconstitucionalidad consisten en la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria hasta que el Tribunal Constitucional emita una sentencia.