Para el ministro del Interior, el nuevo dispositivo - que cubre un vasto campo que combina registros, búsquedas, manifestaciones callejeras y la prostitución ... - garantizará "más y mejor la seguridad ciudadana, con la ventaja de la seguridad jurídica." Para sus opositores que calificaron como "ley mordaza", es un monstruo jurídico liberticida. Su objetivo, dice Joaquim Bosch, portavoz de la asociación de jueces "Jueces para la Democracia" es proporcionar "un instrumento para el gobierno para silenciar la crítica social." (TRADUCCIÓN en #1)
A pesar de la numerosa oposición, el gobierno conservador español aprobó finalmente el proyecto de ley sobre la "seguridad pública", a la espera desde el otoño pasado. Éste prevé, por hechos en manifestaciones, multas sin juicio equivalentes hasta sesenta años de salario mínimo.
Ni las protestas de la sociedad civil, ni las reservas de las autoridades judiciales o del Consejo de Estado, ni las preocupaciones de las organizaciones internacionales (Amnistía Internacional, Oxfam, Greenpeace ...), ni la (floja) oposición del Partido Socialista (PSOE ) finalmente han hecho realmente flaquear a Mariano Rajoy.
Ligeramente atenuado pero confirmado en sus grandes líneas y su filosofía represiva, su proyecto de "seguridad ciudadana" fue adoptada por el gobierno conservador el 11 de julio, después de nueve meses de controversia y durante el letargo estival. Presentándose propicio a reformas, y con el Partido Popular en el poder (derecha) con la mayoría absoluta en el Parlamento, la votación final podría ocurrir en las próximas semanas.
Para el ministro del Interior, el nuevo dispositivo - que cubre un vasto campo que combina registros, búsquedas, manifestaciones callejeras y la prostitución ... - garantizará "más y mejor la seguridad ciudadana, con la ventaja de la seguridad jurídica." Para sus opositores que calificaron como "ley mordaza", es un monstruo jurídico liberticida. Su objetivo, dice Joaquim Bosch, portavoz de la asociación de jueces "Jueces para la Democracia" es proporcionar "un instrumento para el gobierno para silenciar la crítica social."
A medida
Sus disposiciones, en cualquier caso, parecen claramente diseñados a medida para responder a las diversas formas de protesta nacidas con la crisis, otorgando a la administración un poder punitivo arbitrario sin precedentes desde Franco.
Contra las acampadas en lugares públicos, popularizadas por el movimiento de los Indignados en 2011-2012, y repetidas de forma esporádica, ya que el texto castiga "la negativa de la disolución de reuniones y eventos en lugares de tránsito público".
Contra las reuniones para evitar los desalojos de viviendas, innumerables con la crisis y combatidos por diversos colectivos, la nueva ley castiga la "obstrucción para impedir a cualquier autoridad o funcionario público" la ejecución de "las resoluciones administrativas o judiciales".
Contra los excesos que empañaron el final de manifestaciones durante los últimos años: una sección dedicada a "alterar el curso de una reunión o evento," vaga definición que deja el campo libre a las interpretaciones de la policía.
Por estas violaciónes de orden público, las sanciones comprenden rangos desde 600 hasta 30.000 euros, dependiendo del estado de ánimo de la administración. La misma tarifa se aplica a los no autorizados cerca del Congreso de los Diputados, el Senado y las Asambleas Regionales de reuniones.
Contra las escaladas espectaculares de los edificios públicos, especialmente llevadas a cabo por Greenpeace, el nuevo texto duplica las penas haciéndolas pasar a 600 euros. Activistas de esta ONG no han tardado en responder subiendo a una torre de 90 metros cerca del Palacio de la Moncloa, residencia oficial del jefe de gobierno.
Multas de sesenta y seis años de salario
A otro nivel de represión han pasado las faltas que se describen como "muy grave": entre ellas, la organización de manifestaciones no autorizadas en la vía pública, susceptibles de poner en peligro las personas o simplemente "perturbar el funcionamiento de los servicios públicos" (artículo 35.1). Multa impuesta: 600.000 euros, sesenta y seis años de salario mínimo español. Siendo generosos, la ley especifica que se deben de tener en cuenta los recursos del reprimido.
Estas sanciones no necesitan un juez para ser proclamadas. Serán competencia del Ministerio del Interior para las más graves o del Secretario de Estado de Seguridad para el resto.
El gobierno dice afirma que esta ley de seguridad responde a "una demanda de la población", argumento que puede parecer acertado, especialmente en un país sobre todo devastado por el desempleo, de casi el 30% - 50% en los jóvenes y en algunas áreas - y el empobrecimiento de clases enteros de la población misma.
Según el último estudio realizado por el Centro de Estudios Sociológicos, el tema de la seguridad es la primera prioridad para ...el 0,4% de los españoles y una de las tres prioridades para el 2,8% de ellos.
"Otorgando a la administración un poder punitivo arbitrario sin precedentes desde Franco". Qué clarito se nos ve desde fuera.
Todas estas cosas empiezan a ser muy Marca España.
#2 Los que aprueban estas leyes (y los que no se oponen mucho) lo hacen porque saben qué han hecho e intentan minimizar la protesta, criminalizándola, aún a costa de aumentar el cabreo contra ellos por lo que están haciendo.
Y aún se permiten decir que las dictaduras son otras.
A mi me parece lo logico. Un partido como el PP hace leyes que van acorde con su vision de la politica, nada extraño.
Uno ya empieza a pensar que lo que pasa realmente es que los españoles nos merecemos estas leyes, estos politicos y esta situacion. en un pais minimamente democratico la poblacion no habria consentido ni la mitad de lo que esta pasando, pero parafraseando al actual Sr. Presidente "España no es Uganda..."
#4 los ciudadanos hemos consentido de todo. Cierto es que parte de la ciudadania esta harta, pero otra mucha se toma esto como el futbol, votan al suyo, al de toda la vida.
¿Como un partido con la ideologia y el hacer del PP ha tenido millones de votos en las europeas? Pues por puro fanatismo. No creo que sea por incultura, porque los incultos no son gilipollas y con las tropelias que ha hecho el PP esta legislatura, solo un fanatico puede votarle.
Asi nos va, porque lo de arriba lo puedes extrapolar a otros sitios y otras elecciones. ¿como ha vuelto a salir el PsoE en Andalucia?
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Traducción:España:
A pesar de la numerosa oposición, el gobierno conservador español aprobó finalmente el proyecto de ley sobre la "seguridad pública", a la espera desde el otoño pasado. Éste prevé, por hechos en manifestaciones, multas sin juicio equivalentes hasta sesenta años de salario mínimo.
Ni las protestas de la sociedad civil, ni las reservas de las autoridades judiciales o del Consejo de Estado, ni las preocupaciones de las organizaciones internacionales (Amnistía Internacional, Oxfam, Greenpeace ...), ni la (floja) oposición del Partido Socialista (PSOE ) finalmente han hecho realmente flaquear a Mariano Rajoy.
Ligeramente atenuado pero confirmado en sus grandes líneas y su filosofía represiva, su proyecto de "seguridad ciudadana" fue adoptada por el gobierno conservador el 11 de julio, después de nueve meses de controversia y durante el letargo estival. Presentándose propicio a reformas, y con el Partido Popular en el poder (derecha) con la mayoría absoluta en el Parlamento, la votación final podría ocurrir en las próximas semanas.
Para el ministro del Interior, el nuevo dispositivo - que cubre un vasto campo que combina registros, búsquedas, manifestaciones callejeras y la prostitución ... - garantizará "más y mejor la seguridad ciudadana, con la ventaja de la seguridad jurídica." Para sus opositores que calificaron como "ley mordaza", es un monstruo jurídico liberticida. Su objetivo, dice Joaquim Bosch, portavoz de la asociación de jueces "Jueces para la Democracia" es proporcionar "un instrumento para el gobierno para silenciar la crítica social."
A medida
Sus disposiciones, en cualquier caso, parecen claramente diseñados a medida para responder a las diversas formas de protesta nacidas con la crisis, otorgando a la administración un poder punitivo arbitrario sin precedentes desde Franco.
Contra las acampadas en lugares públicos, popularizadas por el movimiento de los Indignados en 2011-2012, y repetidas de forma esporádica, ya que el texto castiga "la negativa de la disolución de reuniones y eventos en lugares de tránsito público".
Contra las reuniones para evitar los desalojos de viviendas, innumerables con la crisis y combatidos por diversos colectivos, la nueva ley castiga la "obstrucción para impedir a cualquier autoridad o funcionario público" la ejecución de "las resoluciones administrativas o judiciales".
Contra los excesos que empañaron el final de manifestaciones durante los últimos años: una sección dedicada a "alterar el curso de una reunión o evento," vaga definición que deja el campo libre a las interpretaciones de la policía.
Por estas violaciónes de orden público, las sanciones comprenden rangos desde 600 hasta 30.000 euros, dependiendo del estado de ánimo de la administración. La misma tarifa se aplica a los no autorizados cerca del Congreso de los Diputados, el Senado y las Asambleas Regionales de reuniones.
Contra las escaladas espectaculares de los edificios públicos, especialmente llevadas a cabo por Greenpeace, el nuevo texto duplica las penas haciéndolas pasar a 600 euros. Activistas de esta ONG no han tardado en responder subiendo a una torre de 90 metros cerca del Palacio de la Moncloa, residencia oficial del jefe de gobierno.
Multas de sesenta y seis años de salario
A otro nivel de represión han pasado las faltas que se describen como "muy grave": entre ellas, la organización de manifestaciones no autorizadas en la vía pública, susceptibles de poner en peligro las personas o simplemente "perturbar el funcionamiento de los servicios públicos" (artículo 35.1). Multa impuesta: 600.000 euros, sesenta y seis años de salario mínimo español. Siendo generosos, la ley especifica que se deben de tener en cuenta los recursos del reprimido.
Estas sanciones no necesitan un juez para ser proclamadas. Serán competencia del Ministerio del Interior para las más graves o del Secretario de Estado de Seguridad para el resto.
El gobierno dice afirma que esta ley de seguridad responde a "una demanda de la población", argumento que puede parecer acertado, especialmente en un país sobre todo devastado por el desempleo, de casi el 30% - 50% en los jóvenes y en algunas áreas - y el empobrecimiento de clases enteros de la población misma.
Según el último estudio realizado por el Centro de Estudios Sociológicos, el tema de la seguridad es la primera prioridad para ...el 0,4% de los españoles y una de las tres prioridades para el 2,8% de ellos.
Gran artículo.
#1 Gracias por la traducción.
"Otorgando a la administración un poder punitivo arbitrario sin precedentes desde Franco". Qué clarito se nos ve desde fuera.
Todas estas cosas empiezan a ser muy Marca España.
Otro hito de la Marca España gracias a la Casta (por los que la aprueban y por los que no se oponen mucho, no vaya a ser que les acusen de desleales).
#2 Los que aprueban estas leyes (y los que no se oponen mucho) lo hacen porque saben qué han hecho e intentan minimizar la protesta, criminalizándola, aún a costa de aumentar el cabreo contra ellos por lo que están haciendo.
Y aún se permiten decir que las dictaduras son otras.
A mi me parece lo logico. Un partido como el PP hace leyes que van acorde con su vision de la politica, nada extraño.
Uno ya empieza a pensar que lo que pasa realmente es que los españoles nos merecemos estas leyes, estos politicos y esta situacion. en un pais minimamente democratico la poblacion no habria consentido ni la mitad de lo que esta pasando, pero parafraseando al actual Sr. Presidente "España no es Uganda..."
¡¡¡ Viva Honduras !!!
#4 los ciudadanos hemos consentido de todo. Cierto es que parte de la ciudadania esta harta, pero otra mucha se toma esto como el futbol, votan al suyo, al de toda la vida.
¿Como un partido con la ideologia y el hacer del PP ha tenido millones de votos en las europeas? Pues por puro fanatismo. No creo que sea por incultura, porque los incultos no son gilipollas y con las tropelias que ha hecho el PP esta legislatura, solo un fanatico puede votarle.
Asi nos va, porque lo de arriba lo puedes extrapolar a otros sitios y otras elecciones. ¿como ha vuelto a salir el PsoE en Andalucia?
Esto es lo que entiende el PP por regeneración democrática...