El gobierno español ya tiene pensadas todas las posibles respuestas jurídicas y políticas para frenar la consulta del 9 de noviembre. Según avanza hoy el diario 'ABC', si el presidente catalán, Artur Mas, sigue adelante con la consulta a pesar de la prohibición del Tribunal Constitucional, el Ejecutivo del Mariano Rajoy, de acuerdo con el Senado, activaría la previsión incluida en el artículo 155 de la Constitución española y cogería las competencias en Seguridad y Educación, que ahora están transferidas a la Generalitat.