La negociación entre Juntos el Sí y la CUP con vistas a definir un marco para el acuerdo entre ambos grupos ya ha dado frutos concretos. Por ahora, ya han canjeado documentos y propuestas que dibujan un escenario de entendimiento muy perfilado sobre las decisiones que debería tomar el nuevo gobierno en relación con el proceso de independencia. Tal como dejaron claro en la propuesta de declaración conjunta, hay tres campos prioritarios que han sido definidos y sobre los que el acuerdo ya es muy avanzado: cómo será el proceso constituyente (...)
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No será....
(traducción automática google)
"La negociación entre Juntos el Sí y la CUP con vistas a definir un marco para el acuerdo entre ambos grupos ya ha dado frutos concretos. Por ahora, ya han canjeado documentos y propuestas que dibujan un escenario de entendimiento muy perfilado sobre las decisiones que debería tomar el nuevo gobierno en relación con el proceso de independencia. Tal como dejaron claro en la propuesta de declaración conjunta, hay tres campos prioritarios que han sido definidos y sobre los que el acuerdo ya es muy avanzado: cómo será el proceso constituyente, cómo será la transición a una hacienda propia y como se activará la seguridad social catalana, con todas las consecuencias que implica.
El acuerdo sobre estos tres elementos, añadido al acuerdo para que las decisiones del Tribunal Constitucional ya no sean válidas en Cataluña, marca un terreno en el que la CUP pueda sumar sus votos -por lo menos una parte- a los de Juntos por sí para proclamar un nuevo gobierno. Fuentes de Juntos por Sí dan mucha importancia a que el sábado la CUP decide convocar una asamblea abierta para tomar decisiones sobre la negociación, porque esto indica que el punto en que se encuentran las conversaciones ahora mismo ya da suficiente confianza a la izquierda anticapitalista.
Hay un factor añadido son conscientes ambas partes: la presión cada vez más dura de España y las amenazas constantes acaban haciendo precisamente que el acuerdo sea más fácil. 'Cuanto más represión llegue desde España más unidad de acción habrá en Cataluña', dijo uno de los negociadores de la CUP.
Cómo se hace la desconexión?
Según fuentes cercanas a Juntos por Sí, las negociaciones han sido y son 'muy técnicas'. El debate partidista
dicense supera hablando en todo momento sobre los pasos prácticos a hacer y buscando el acuerdo sobre estos pasos, más que sobre las grandes definiciones.De momento, hay acuerdo total en cuanto a la necesidad de que el parlamento elabore con agilidad las tres leyes básicas, que harán referencia al proceso constituyente, la hacienda y la seguridad social. No se trata, como algunos quieren presentarlo, de hacer unas leyes rápidas, en cuestión de semanas, pero sí de hacerlas y aprobarlas en pocos meses. Y por esta razón ya se han empezado a hacer borradores concretos.
La primera gran ley es la del proceso constituyente, que tendría tres ejes: establecer cómo se hace el proceso constituyente, adaptar el sistema institucional del país a la nueva realidad y regular materias sensibles de carácter jurídico. Tendría un articulado simple y haría una distinción entre aquellas normas y leyes actuales que se mantendrían en vigor en Cataluña y las que resultarían afectadas. Se entiende que todo lo que sigue en vigor se podría revisar y cambiar durante el proceso de redacción de la constitución republicana.
La negociación de esta ley sirve también para hacer frente a algunos de los problemas más difíciles de la negociación entre ambos grupos. En las discusiones sobre cómo adaptar la estructura institucional a la nueva época es donde han aparecido, aunque tímidamente, fórmulas que podrían resolver el conflicto abierto por la presidencia de Artur Mas. Es decir, la ley debe resolver cuestiones como quién tendrá formalmente la figura de jefe del estado catalán, como será la adaptación de los organismos reguladores españoles o como se organizará el nuevo poder judicial.
La hacienda, preparada para actuar de inmediato
La segunda ley que la nueva mayoría parlamentaria abordará enseguida hace referencia a la hacienda propia. En este punto, los negociadores son conscientes de que la cuestión no se resuelve sólo con leyes. Para poder aplicar el plan previsto, la Agencia Tributaria de Cataluña debe poder actuar en todo el país y en todas las circunstancias, y aunque no tiene capacidad operativa necesaria para ello. Por eso se van haciendo pasos paralelos, como la convocatoria la semana pasada de las veinte primeras plazas de inspectores tributarios del ATC. Estas plazas han sido convocadas a pesar de que el Tribunal Constitucional ha suspendido la ley de la Agencia Tributaria Catalana.
La discusión sobre la Agencia Tributaria Catalana se hace partiendo de todos los documentos que se han dedicado hasta ahora. Aparte los aspectos técnicos, incluye referencias a qué comportamiento debería seguir, especialmente por oposición al de la agencia española.
En este punto, hay acuerdo en que la nueva agencia debe servir para plasmar un cambio de modelo respecto de la española. Se trata de fomentar al máximo la transparencia y el servicio, de manera que los ciudadanos acaben dando valor al pago de los impuestos, por los servicios que dependen.
El hecho de que la desconexión no se haga de acuerdo con el estado español obliga también a afinar mucho la previsión sobre qué pasará y cómo se hará el paso de pagar a la Hacienda española a pagar a la hacienda catalana, un paso fundamental para sentar las bases de la soberanía.
La seguridad social, emblema del nuevo país
Las conversaciones sobre cómo debe ser el nuevo sistema de la seguridad social dibujan también una desconexión contundente respecto del modelo español. No se trata simplemente de adaptar la seguridad social actual al nuevo entorno, sino de repensarla, teniendo en cuenta experiencias y prácticas de otros países de la Unión Europea.
En el caso de la creación de la Agencia Catalana de la Seguridad Social, ya hay estudios hechos que delimitan el funcionamiento y detallan que es necesario para ponerla en marcha. Se habla de cuatro mil funcionarios repartidos en doscientas oficinas por todo el país, con un presupuesto de 130 millones de euros. La agencia, probablemente, dependería directamente del parlamento y no del gobierno.
Partiendo de la base de los estándares internacionales regulados por la OIT, la voluntad está que la seguridad social catalana se convierta en la bandera del nuevo país, a base de proporcionar prestaciones muy avanzadas, ahora inexistentes. El ejemplo quizás más paradigmático sería la inclusión del derecho de vivienda como una prestación, tal como se hace en Francia, Alemania y Finlandia."