La Fiscalía demanda la compensación de pérdidas de la gasista estatal que dirigía. La semana pasada el Parlamento propuso calificar como delito de traición a la patria el de abuso de poder por el que actualmente cumple condena en el caso de los acuerdos gasísticos con Rusia. También el Servicio de Seguridad le acusa de ocultar ingresos en divisas y apropiación indebida de fondos públicos. La oposición habla de persecución mientras que la UE estima que no ha tenido juicio justo.