La ley aprobada en el Parlamento de Cataluña, permitia promover referendos sobre cuestiones políticas de especial trascendencia, por parte del presidente de la Generalitat; por el Parlamento, a propuesta de una quinta parte de los diputados o de dos grupos parlamentarios, por un 10% de los municipios del Principado o por iniciativa popular con el apoyo del 3% de la población. Todas estas consultas requieren un acuerdo por mayoría absoluta del pleno del parlamento y la autorización del estado