Recortar los derechos de las clases populares y afectar los servicios públicos para contentar a los “mercados” se está convirtiendo en la receta generalizada de la Unión Europea para salir de la crisis. Aunque apelan al sentido de la responsabilidad, estas medidas no resisten un análisis detenido. Son inaceptables en términos éticos, ya que propician una injusta distribución de cargas entre quienes tienen más y quienes menos tienen y absuelven, en cambio, a los verdaderos culpables del desaguisado actual.