En 1984, el Ministerio de Sanidad y Consumo advirtió al Ministerio de Industria de que las compañías eléctricas podían alterar el precio de los contadores con objeto de elevar artificialmente su precio de alquiler, por lo que era imprescindible que Industria comprobara la veracidad de dichos precios antes de aceptarlos. Industria nunca efectuó dicha comprobación. La estafa genera actualmente 350.000 euros diarios y supera los 4.200 millones de euros.
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