Una sentencia obliga a la Generalitat valenciana a pagar de manera retroactiva 16 meses de una ayuda que la ley de dependencia reconoce a una familia de Alicante. La Conselleria de Bienestar Social se negó a pagar alegando que los denunciantes no podían demostrar que habían precisado de una persona para cuidar a un niño de 11 años con parálisis cerebral.