En este artículo, publicado hace ya casi trece años, parece como si Noam Chomsky (Filadelfia, 1928), uno de los pensadores libertarios con más influencia hoy día en el mundo, quisiera clarificar, ante sí mismo y ante quienes, manteniendo ideas similares, parecen achacarle cierta inconsecuencia de criterios, algunas de sus posiciones anarquistas y eliminar o, por lo menos, suavizar, ciertas contradicciones o puntos de tensión que observa en algunos planteamientos importantes.
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“En el mundo actual, los objetivos de los anarquistas comprometidos deberían consistir en defender algunas instituciones del Estado de los ataques lanzados contra ellas, intentando obligarlas al mismo tiempo a que se abran a una participación pública más significativa y, en última instancia, eliminarlas en una sociedad mucho más libre si se pueden alcanzar las circunstancias apropiadas.”
La vieja tensión entre lo que deseamos (una sociedad más libre) y los medios para conseguirlo (defender algunas instituciones de los vándalos poderosos).
Yo creo que ni en este mundo ni en ningún otro los objetivos de los anarquistas comprometidos pasarán por defender nada que tenga que ver con el Estado. Anarquistas somos los que pensamos que la gente es perfectamente capaz de dirigirse a sí misma... de hecho ¿quién podría negar esto si los aspirantes al liderazgo son Rajoy y Zapatero? ¿quién asume que ellos saben mejor que tú lo que tú mismo o tu barrio o tu pueblo necesitan?
El núcleo duro del estado es la violecia institucional (ejército, policía). En relación a ellos nuestra actitus tiene que ser intransigente: destrucción, disolución.
Pero más allá de ese núcleo duro, existe toda una periferia de organismos nominalmente estatales pero que pueden ser sometidos a la inflencia de las masas en lucha (educación, universidades públicas, salud). Abdicar de dar la batalla ideológica y popular en estos ámbitos es negarse a dar la batalla en la que se decide que clase social se apropia del plusproducto que el estado administra.
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Cito además: "En las negociaciones de los convenios colectivos, tanto a las instituciones del Estado como a las empresas privadas hay que exigir, además de las necesarias reivindicaciones salariales, horarias y de salud laboral, otras medidas que afecten cada vez más a la participación y al control democrático de los trabajadores y de las trabajadoras en la gestión del proceso productivo. Hay que intervenir no sólo en el cómo, sino en el qué y el por qué de la producción."