Un grupo de educadores y otras personas se han organizado en Madrid para poner en marcha una campaña que promueva un debate serio entre las personas que -desde sus puestos de educadores de centros de menores-, están haciendo de cadena de transmisión de los planteamientos represivos en los que se sustenta la Ley Penal del Menor. En su labor supuestamente educativa, al aplicar los reglamentos de los centros favorecen el maltrato sistemático y continuo a los chavales que cumplen condena bajo su supervisión.