odo comenzó en 2008. España impuso (de manera oficiosa, no oficial) un fuerte endurecimiento de los requisitos que exigía a los turistas brasileños para entrar en nuestro país. Aumentó entonces la cifra de brasileños a los que se impidió la entrada en los aeropuertos (llegaron a 1.027 brasileños en marzo de 2009 cuando la media era de poco más de 200). El Gobierno brasileño se quejó formalmente y el español se limitó a decir que aplicaba la ley.
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Quid pro quo.