Según explicaron el fiscal anticorrupción, Antonio Salinas, y el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, para desarrollar sus actividades delictivas, los implicados de origen chino contaban con la ayuda de despachos de abogados en España y de ciudadanos españoles con grandes fortunas en el extranjero que colaboraban en el lavado de dinero enviando transferencias bancarias desde diversos paraísos fiscales a China y recibiendo esas mismas cantidades en metálico a cambio de sus servicios.