Su huelga no consiste en dejar de trabajar, sino en secuestrar una maquinaria y unas infraestructuras que no les pertenecen a ellos, sino a todos los ciudadanos madrileños que las han sufragado coercitivamente con sus impuestos. Es sencillamente inaceptable que se proteja la holganza, el sectarismo o la estrechez de miras de unos cientos de empleados que no quieren trabajar ni dejar que el resto trabajen cuando hay cinco millones de candidatos a ocupar su puesto.