Las ONG explican que, de fallar a favor de la demanda, la justicia podría obligar al Gobierno a modificar el objetivo de reducción de emisiones para 2030: del actual 23% contemplado en el vigente Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), hasta el 55% solicitado por las organizaciones demandantes sobre la base de los informes del IPCC.