"Un pronunciamiento ya clásico del Tribunal Constitucional afirma que la seguridad jurídica es lo contrario a la arbitrariedad; y nada hay más arbitrario que lo sucedido desde diciembre de 2011 hasta la fecha en dicha Dirección General de los Registros, que ha sido expresión de un interés privado, como es el del colectivo de registradores, compuesto por poco más de mil."
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