Los ayuntamientos en los años de la burbuja fueron una de las principales fuentes de casos de corrupción en nuestro país: los pelotazos urbanísticos, amiguismos y politización de muchas corporaciones locales se repitieron con deprimente frecuencia, señal de un diseño institucional deficiente. El gobierno de Rajoy, en un extraño ataque de reformismo democrático, ha decidido que era hora de mejorar la gobernanza del sistema municipal español, y ha decidido hacerlo con una reforma de la ley electoral.