El grueso de los funcionarios españoles ha tenido que esperar a la aparición de la pandemia del coronavirus para que el teletrabajo fuera una realidad. La última administración en regularlo han sido la Administración General del Estado (AGE) -con aproximadamente 200.000 funcionarios, pero con fecha de caducidad: hasta que España no esté en situación de pandemia-, y las de Madrid y Cataluña con carácter permanente, que representan cerca del 50% de los 1,5 millones de funcionarios que emplean las Comunidades Autónomas.