La fiscal, encargada del macrosumario sobre la trama Púnica, entre otros procedimientos, invocó el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para tratar de obtener respaldo a su intención de practicar una serie de diligencias que el responsable no veía necesarias. Buscaba reclamar al juez que se dirigiera a la Agencia Tributaria y defendía que había indicios de revelación de secreros en esos emails, con datos de periodistas y políticos.
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Expedientada la fiscal que quería investigar más a fondo, por supuesto.
En Púnica, han sido sonadas las diferencias entre el jefe de Anticorrupción y las fiscales de la causa, tanto García Cerdá como Teresa Gálvez. De hecho, estas optaron por no firmar el informe de la pieza número 9 —sobre la presunta caja B del PP de Madrid—, en el que se proponía librar a los expresidentes regionales Esperanza Aguirre e Ignacio González, como finalmente hizo el juez instructor. Solo se entregó con la firma del fiscal Alejandro Cabaleiro.
A veces la justicia tiende a inclinar la balanza a favor de la derecha.