La Casa Blanca quería empezar el 5 de marzo la retirada progresiva de los beneficios de los que gozan actualmente los 'dreamers', como se conoce a los casi 700.000 migrantes amparados por el programa de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. Lo que le dice el Supremo es que el presidente debe esperar a que se resuelvan en los tribunales inferiores la batería de denuncias contra su medida.
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Con tribunales así, no hay dictador que pueda dictar tranquilo.