"En este caso se trata de una agresión consistente en puñetazos, por lo que no podríamos considerar un puño como instrumento peligroso" dice la magistrada María del Prado García Bernalte del juzgado de instrucción num Tres de Santander.
Texto de la noticia completo: (no tiene desperdicio) Seis días. Es el tiempo que ha permanecido en prisión provisional el joven de 20 años, B. R. G., que presuntamente agredió el pasado 5 de mayo a un celador y un médico en el centro de salud de Los Castros. La titular del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Santander, la magistrada García, encargada del caso, acordó ayer revocar la medida adoptada por su compañero del Juzgado de Instrucción Nº4, Luis Enrique García, que, en funciones de guardia, decidió el pasado jueves enviar a prisión a este joven, entre otras razones, para asegurar la presencia del imputado en el proceso y evitar el riesgo de fuga. En lugar de la prisión, la instructora ha impuesto al encausado una orden de alejamiento de un kilómetro respecto al médico y el centro de salud, donde también trabaja el celador, pero que al parecer no ha presentado denuncia. Además le ha retirado el pasaporte y le ha obligado a comparecer en el juzgado dos días a la semana. En el auto en el que acuerda la salida de la prisión del encausado, al que ha tenido acceso El Diario Montañés, la magistrada critica duramente la decisión de enviar a la cárcel al presunto agresor, si bien reprocha este tipo de conductas y situaciones, que, de resultar probadas, «merecen el oportuno reproche penal». «Nadie debe acometer, agredir o atentar contra otra persona, y desde luego, todos estamos de acuerdo en que hay determinados cargos que deben ser especialmente protegidos, como es el caso del colectivo médico. No puede permitirse que un profesional de la salud sea agredido en su centro de trabajado cuando se encuentra desempeñando sus funciones. Y vaya por delante que las conducta deberá ser castigada tan gravemente como proceda según las circunstancias concurrente». Ahora bien, dicho esto, la magistrada considera que «no podemos servirnos de un instrumento como es la prisión provisional para aleccionar, anticipar una futura condena, y menos aún para acallar las voces populares que a menudo se alzan sin conocer la ley y sin valorar oportunamente la situación y los requisitos que se exigen para adoptar una medida tan gravosa». «No podemos permitir que por presiones mediáticas, políticas o de cualquier otro tipo se adopten decisiones que no se encuentran, a modo de esta juzgadora, suficientemente justificadas», añade. La instructora señala que lo primero que se debe anteponer es el «principio de igualdad», el derecho que tiene todo ciudadano a ser igual y ser tratado igual, «lo que trasladado al ámbito penal, tiene muchas repercusiones, pero tiene una que es la más evidente de todas, que ante casos iguales se debe dar una respuesta igual, y no puede consentirse que ante hechos similares, según el colectivo afectado o los condicionantes imperantes, se de por el juzgador respuestas diferentes, porque eso sería una injusticia, y eso es lo que esa juzgadora trata de evitar, no como puede ser de otra manera». En este sentido, García da la razón al abogado defensor, que indicó que «podemos acudir a cualquier estadística judicial para comprobar que no es práctica habitual acordar prisión cautelar en casos de atentados a agentes de la autoridad». También reconoce que la pena a imponer podría ser por este delito de hasta cuatro años de prisión, «pero esta sería la pena máxima y el mínimo es de 12 meses, por lo que supera el límite de los dos años que prevé la ley, pero entendemos que no es una pena elevada que justifique per se una medida tan gravosa». Por otro lado, en cuanto al uso de instrumento peligroso y la brutalidad de la acción (artículo 148 del Código Penal), la magistrada señala que este concepto no viene determinado por ninguna norma, de modo que es la jurisprudencia la encargada de decir que tipo de lesiones se han cometido usando métodos o medios específicamente peligrosos para la vida. «En este caso se trata de una agresión consistente en puñetazos, por lo que no podríamos considerar un puño como instrumento peligroso. Cierto es que el autor presuntamente propina varios golpes en la cabeza a la víctima, por eso es un delito de lesiones, pero no creemos que quepa entender, al menos en este momento inicial en que nos encontramos, que deba subsumirse la conducta en alguno de los subtipos agravados».
¿A alguien le sorprende esto? En realidad lo normal sería que para estas cosas hubiera juicios rápidos y hubiera sido ya condenado. Pero la hora del bocata es la hora del bocata.
Me logeo solamente para decir que me parece correcto. ¿PRISIÓN PREVENTIVA por unos puñetazos? Excesivo, una orden de alejamiento es más que suficiente. Ni hubo amenazas de muerte ni nada por el estilo. Eso si, cuando llegue el juicio, estaremos pendientes a ver lo que le cae, que espero que sea lo máximo.
Pues me parece lógico y razonado el argumento de la juez . Los puños no están tipificados como instrumento peligroso lo mismo que saber artes marciales no te califica como arma , además que la prisión preventiva ye el último recurso
Comentarios
Menuda casa de putas que es la justicia española...
"En este caso se trata de una agresión consistente en puñetazos, por lo que no podríamos considerar un puño como instrumento peligroso"
Bruce Lee no estaría de acuerdo.
... y cualquiera que supiese un mínimo sobre
artes marciales, defensa personal ola vida misma."...no podríamos considerar un puño como instrumento peligroso".
#1 me gustaría ver qué pasa si se lo dan a ella si es peligroso o no
#7 Si se lo dieran a ella, al ser mujer, abriría los telediarios, saldría Irene Montero a incendiar las redes y se les caería el pelo
Son sus costumbres y hay que respetarlas
Le parece un delito leve porque sólo le destrozó parte del cráneo a puñetazos y posiblemente le deje ciego. Estamos muy bien protegidos con esa jueza.
Texto de la noticia completo: (no tiene desperdicio) Seis días. Es el tiempo que ha permanecido en prisión provisional el joven de 20 años, B. R. G., que presuntamente agredió el pasado 5 de mayo a un celador y un médico en el centro de salud de Los Castros. La titular del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Santander, la magistrada García, encargada del caso, acordó ayer revocar la medida adoptada por su compañero del Juzgado de Instrucción Nº4, Luis Enrique García, que, en funciones de guardia, decidió el pasado jueves enviar a prisión a este joven, entre otras razones, para asegurar la presencia del imputado en el proceso y evitar el riesgo de fuga. En lugar de la prisión, la instructora ha impuesto al encausado una orden de alejamiento de un kilómetro respecto al médico y el centro de salud, donde también trabaja el celador, pero que al parecer no ha presentado denuncia. Además le ha retirado el pasaporte y le ha obligado a comparecer en el juzgado dos días a la semana. En el auto en el que acuerda la salida de la prisión del encausado, al que ha tenido acceso El Diario Montañés, la magistrada critica duramente la decisión de enviar a la cárcel al presunto agresor, si bien reprocha este tipo de conductas y situaciones, que, de resultar probadas, «merecen el oportuno reproche penal». «Nadie debe acometer, agredir o atentar contra otra persona, y desde luego, todos estamos de acuerdo en que hay determinados cargos que deben ser especialmente protegidos, como es el caso del colectivo médico. No puede permitirse que un profesional de la salud sea agredido en su centro de trabajado cuando se encuentra desempeñando sus funciones. Y vaya por delante que las conducta deberá ser castigada tan gravemente como proceda según las circunstancias concurrente». Ahora bien, dicho esto, la magistrada considera que «no podemos servirnos de un instrumento como es la prisión provisional para aleccionar, anticipar una futura condena, y menos aún para acallar las voces populares que a menudo se alzan sin conocer la ley y sin valorar oportunamente la situación y los requisitos que se exigen para adoptar una medida tan gravosa». «No podemos permitir que por presiones mediáticas, políticas o de cualquier otro tipo se adopten decisiones que no se encuentran, a modo de esta juzgadora, suficientemente justificadas», añade. La instructora señala que lo primero que se debe anteponer es el «principio de igualdad», el derecho que tiene todo ciudadano a ser igual y ser tratado igual, «lo que trasladado al ámbito penal, tiene muchas repercusiones, pero tiene una que es la más evidente de todas, que ante casos iguales se debe dar una respuesta igual, y no puede consentirse que ante hechos similares, según el colectivo afectado o los condicionantes imperantes, se de por el juzgador respuestas diferentes, porque eso sería una injusticia, y eso es lo que esa juzgadora trata de evitar, no como puede ser de otra manera». En este sentido, García da la razón al abogado defensor, que indicó que «podemos acudir a cualquier estadística judicial para comprobar que no es práctica habitual acordar prisión cautelar en casos de atentados a agentes de la autoridad». También reconoce que la pena a imponer podría ser por este delito de hasta cuatro años de prisión, «pero esta sería la pena máxima y el mínimo es de 12 meses, por lo que supera el límite de los dos años que prevé la ley, pero entendemos que no es una pena elevada que justifique per se una medida tan gravosa». Por otro lado, en cuanto al uso de instrumento peligroso y la brutalidad de la acción (artículo 148 del Código Penal), la magistrada señala que este concepto no viene determinado por ninguna norma, de modo que es la jurisprudencia la encargada de decir que tipo de lesiones se han cometido usando métodos o medios específicamente peligrosos para la vida. «En este caso se trata de una agresión consistente en puñetazos, por lo que no podríamos considerar un puño como instrumento peligroso. Cierto es que el autor presuntamente propina varios golpes en la cabeza a la víctima, por eso es un delito de lesiones, pero no creemos que quepa entender, al menos en este momento inicial en que nos encontramos, que deba subsumirse la conducta en alguno de los subtipos agravados».
¿A alguien le sorprende esto? En realidad lo normal sería que para estas cosas hubiera juicios rápidos y hubiera sido ya condenado. Pero la hora del bocata es la hora del bocata.
Me logeo solamente para decir que me parece correcto. ¿PRISIÓN PREVENTIVA por unos puñetazos? Excesivo, una orden de alejamiento es más que suficiente. Ni hubo amenazas de muerte ni nada por el estilo. Eso si, cuando llegue el juicio, estaremos pendientes a ver lo que le cae, que espero que sea lo máximo.
Pues me parece lógico y razonado el argumento de la juez . Los puños no están tipificados como instrumento peligroso lo mismo que saber artes marciales no te califica como arma , además que la prisión preventiva ye el último recurso
esto crea precedentes para futuros juicios?