Unos 250 profesores titulares y catedráticos de Universidad tienen en el aire sus puestos ganados en 2012 e incluso, según algunas interpretaciones, su condición de funcionarios, si el Tribunal Supremo los anula. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas impugnó ese año los nombramientos de 15 universidades públicas porque estimaba que habían sobrepasado la tasa de reposición, que permite solo sustituir a uno de cada 10 funcionarios, y al menos ocho sentencias han sido ya contrarias a los campus.