Las Cortes declaran culpable de alta traición al que fue rey de España por la criminal violación del orden jurídico de su país y, en consecuencia, el tribunal soberano de la nación lo declara solemnemente fuera de la ley y privado de la paz jurídica. Será degradado de todas sus dignidades, derechos y títulos. Y de todos los bienes, derechos y acciones de su propiedad se incautará el Estado que dispondrá el uso más conveniente que deba darles.
"No es, claro, una decisión del actual Congreso de los Diputados. Fue la declaración de las Cortes Constituyentes de la II República, el 20 de noviembre de 1931, contra Alfonso XIII."
Y es que si olvidamos la historia, estamos condenados a repetirla.
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"No es, claro, una decisión del actual Congreso de los Diputados. Fue la declaración de las Cortes Constituyentes de la II República, el 20 de noviembre de 1931, contra Alfonso XIII."
Y es que si olvidamos la historia, estamos condenados a repetirla.