Uno de los aspectos más polémicos de la Ley de Economía Digital británica -el que permitía cortar la conexión a Internet a usuarios sospechosos de estar infringiendo los derechos de autor- fue rechazada ayer; en su lugar se ha añadido una nueva propuesta que da al Tribunal Superior el poder de bloquear sitios web en su totalidad. La nueva propuesta -aprobada en la cámara de los Lores por 165 votos a favor y 140 en contra- da a los jueces del Tribunal Superior el derecho a emitir una orden judical contral un sitio web....
Comentarios
No cabía en la entradilla..
La nueva enmienda, propuesta por el partido Liberal Demócrata, podría tener consecuencias nefastas para sitios web como Youtube, según recoge ‘Portaltic.es’ de ‘The Guardian’, donde los usuarios pueden subir contenidos que con derechos de autor sin conocimiento de los propietarios del sitio.
"laye" ? Esto es un fial en el titular....
#2 Si no me das más pistas no me entero
Si no es por #3 seguiría sin entender que querías decir
Ayé laye!
Siempre que sea una decisión judicial me parece correcto.
Internet no es un sitio sin ley, es un sitio regido por la ley del país donde se publica el sitio web. Si un juez considera que ese sitio vulnera la ley tiene que tener la autoridad para cerrarlo.
El juez debe tener herramientas suficientes para depurar responsabilidades y actuar en consecuencia.
#5 Una cosa es una autorización judicial y otra bien distinta, una resolución judicial, con todas las garantías procesales y que implicaría, que el juez entrase en el fondo del asunto para decidir y en este caso de Inglaterra, no está claro. Pero tiene pinta que han querido copiar la mala idea de la DF1 de la Ley de Economía Sostenible.
Por ejemplo, la Constitución española, cuando habla de coartar derechos fundamentales en aras del bien común, siempre habla de de resolución judicial, lo otro de la autorización judicial es un mal invento para que la gente piense que hay garantías judiciales, cuando realmente no has hay.
Por otra parte, la solución impuesta no protege a los autores, solamente a los ostentadores de los derechos de explotación, que son las empresas e industrias del entretenimiento, mal asunto, puesto que la ONU alerta claramente de los peligros que tiene esto, sobre todo si metemos en la ecuación la propiedad intelectual derivada de la producción técnica o científica.