La Xunta recurrirá al capital privado para construir nuevas carreteras y lo hará mediante la fórmula del peaje en la sombra, es decir, las empresas que asuman la ejecución de las infraestructuras se encargarán de su futura explotación a cambio de que la Administración autonómica le pague anualmente una cantidad en función del tráfico que se registre. Esta tasa repercute sobre el bolsillo de los gallegos, ya que se paga con dinero público. El Gobierno gallego ya destina 26 millones de euros cada año a costear este tipo de peajes encubiertos.
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