Las grandes productoras de televisión están tomando posiciones para hacerse con el botín de los canales autonómicos. Los cambios en la ley audiovisual —reformada por la vía de urgencia— permiten desde principios de agosto privatizar los entes públicos, total o parcialmente. Pero lo que a las empresas del sector les interesa es hacerse con las parcelas más rentables: los contenidos informativos, el entretenimiento, convenios de asistencia técnica o gestión publicitaria.
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