Uno tras otro, al conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, se le vuelven en su contra los argumentos de defensa de la legalidad con los que desmontó el reparto eólico que había efectuado el Gobierno bipartito. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia avaló ya en marzo de 2011 el decreto que sustentó aquel reparto, el 242/2007, en una sentencia que desmontaba el informe de la Asesoría Xurídica de la Xunta que sirvió de justificación para emprender un nuevo concurso eólico.
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