Que sólo gobiernen los elegidos, pero no los elegidos por el alcalde, sino por los ciudadanos. Ese es el resumen de la sentencia del Tribunal Constitucional, que ha echado abajo el precepto de la Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local de 2003, más conocida como Ley de Grandes Ciudades, que permite nombrar como miembros de la Junta de Gobierno Local a personas que no ostenten la condición de concejales, es decir, que no hayan concurrido a las elecciones locales en las listas electorales.
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