En términos constitucionales el derecho a elegir al núcleo institucional de poder en Cuba, es privilegio de sólo el 7% de la población, es decir, los 800.000 militantes del PCC. Los millones de adultos restantes no tienen ese derecho. La clave es que la Constitución establece que institucionalmente la máxima instancia de poder en Cuba país no es el Gobierno, sino el PCC.
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