Igual que la policía puede elegir entre multar o hacer la vista gorda, Hacienda puede elegir perfectamente a quién investiga, con la consciencia de que la investigación en sí misma es un daño, una agresión económica y una fuente inagotable de fatigas, gastos, molestias y perdidas de tiempo y esfuerzo que se podrían estar dedicando al desarrollo de la actividad económica.
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