Los dos grandes partidos, PP y PSOE, guardaron ayer un ominoso silencio, sin valoración alguna, sobre la resolución del Tribunal Constitucional que da vía libre a las autonomías para establecer un impuesto a los depósitos bancarios de las oficinas situadas en sus territorios, al rechazar el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno de José María Aznar interpuso en marzo de 2002 contra Extremadura, que gobernada entonces por Juan Carlos Rodríguez Ibarra lo había decretado.
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