El artículo 5.1 de la nueva ley de salud sexual y reproductiva busca potenciar la educación sexual como una forma de disminuir los embarazados no deseados, estableciendo que los poderes públicos, en el desarrollo de sus políticas sanitarias, educativas y sociales, deben garantizar “la educación sanitaria integral y con perspectiva de género sobre salud sexual y salud reproductiva”. Algo que ha sentado mal en las filas conservadoras, que han convertido dicho punto en uno de los argumentos contra la constitucionalidad de la ley.
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