Diversas entidades y sindicatos catalanes han adherido a la querella contra los crímenes del franquismo abierta por una juez argentina. La querella se ha ampliado con el caso de otro fusilado en el Campo de la Bota de Barcelona, y en los últimos días se ha pedido la citación del rey español Juan Carlos, como máximo representante del estado español y garante de la continuidad del franquismo hasta la constitución. Por ello, han pedido que se le cite a declarar.
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Diversas entidades y sindicatos catalanes han adherido a la querella contra los crímenes del franquismo abierta por una juez argentina. La querella se ha ampliado con el caso de otro fusilado en el Campo de la Bota de Barcelona, y en los últimos días se ha pedido la citación del rey español Juan Carlos, como máximo representante del estado español y garante de la continuidad del franquismo hasta la constitución. Por ello, han pedido que se le cite a declarar. En la querella también se ha añadido como acusación la República Argentina, que se convierte en el primer estado que se persona en una causa por crímenes contra la humanidad.
El presidente del Casal Argentino de Barcelona, Diego Arcos, uno de los principales impulsores de la macroquerella que la jueza María Servini está instruyendo a Buenos Aires, explicó que sólo la movilización social catalana permitirá llevar adelante este proceso, como ya ocurrió en el Argentina con los crímenes de la dictadura militar de ese país. Por ello, ha agradecido a las hasta ahora 54 entidades adheridas a la querella, que por su parte pueden ir ampliando con nuevos casos. De momento hay 150 expedientes abiertos, aunque algunos representan más de un caso.
Arcos ha explicado que ahora la querella se dirige contra España, porque los que directamente practicaron las ejecuciones o torturas lo hacían en nombre del gobierno franquista. Por ello, considera que el Rey es heredero de aquel estado, ya que juró los Principios del Movimiento, y representa el paso de un régimen a otro sin que se haya juzgado o castigado a los responsables de los crímenes cometidos durante 40 años. En este sentido, pide a la juez Servini que lo cite a declarar como responsable, lo que podría hacer a través de videoconferencia.
El presidente del Casal Argentino también ha querido destacar que la República Argentina ha personado en la causa como acusación, ya que hay también víctimas argentinas, lo que supone que por primera vez un estado se querella contra otro por crímenes contra la humanidad, dijo Arcos.
Algunos trámites requeridos por la juez están pendientes de la autorización de España, primero por parte de la Audiencia Nacional, tras el gobierno y finalmente del jefe del estado, como las extradiciones del capitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas , acusado de torturas, y del inspector de la policía Antonio Gómez Pacheco, alias 'Billy el Niño', o del suegro del ministro Gallardón, José Utrera Molina, que firmó la pena de muerte de Salvador Puig Antich, y del abogado de Alicia Sánchez Camacho, Carlos Rey, redactor de la sentencia de muerte. La magistrada ha ordenado una quincena más de personaciones.
El último caso denunciado es el fusilamiento en el Campo de la Bota de Barcelona de Gregorio Abarca López, un argentino ejecutado en 1940 por las autoridades franquistas tras un juicio sumarísimo con pocas garantías, y donde el propio abogado de oficio admitía que no había pruebas de ningún delito.
Otro caso, que no ha llegado a la justicia argentina pero podría hacerlo bien, es el del sindicalista Cipriano Martos, del FRAP y CCOO, muerto en 1973 en Reus en manos de la Guardia Civil. Fue arrestado después de unas jornadas sindicales, y al cuartel le obligaron a verse 'chupitos' de 'cóctel molotov'. Cuando empezó a tener graves problemas de salud lo trasladaron al hospital, pero al comprobar que el ingreso quedaría registrado en un informe médico, se le volvieron a llevar al cuartel sin ser visitado por un médico, y allí murió tras ser apaleado.
El concejal de la CUP de Reus David Vidal ha criticado que el gobierno municipal no haya salido adelante ninguna denuncia por estos hechos y tampoco le haya dedicado ningún tipo de reconocimiento en la ciudad.
Otras entidades, como las juventudes de ICV, de UGT o CCOO, los sindicatos CGT y CSC y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, también se han adherido a la querella recordando las persecuciones de diversos colectivos durante el franquismo y reclamando que no se olvide y que se haga finalmente justicia, además de criticar la eliminación de la justicia universal por parte de los tribunales españoles y que la transición se cerrara con un pacto de silencio y una amnistía para los responsables de la dictadura .
Por otra parte, el director del Memorial Democrático de la Generalitat, Jordi Palou-Loverdos, también ha asistido al acto y ha asegurado que el Gobierno siempre apoyará a las víctimas del franquismo y que el Departamento de Justicia acompañará y asesorará todos aquellos particulares o entidades que quieran adherirse a la querella.
Dos torturadores franquistas, ante el juez, pero no extraditados
En diciembre pasado dos torturadores franquistas ya declararon ante un juez por la misma querella. Son el ex-guardia civil Jesús Muñecas Aguilar y el ex-inspector Juan Antonio González Pacheco, alias 'Billy el Niño', acusados de delitos de tortura durante el franquismo. Era la primera vez que dos responsables de la dictadura habían sido encausados por crímenes contra la humanidad y habían declarado ante un juez por estos crímenes. Pero la jueza argentina que instruye el caso no pudo tomarles declaración en Argentina, porque aunque el Consejo de Ministros había aprobado la extradición los dos acusados rechazarla, circunstancia permitida por la ley.
Juan Antonio González Pacheco, de sesenta y siete años, es reclamado por un delito de torturas a trece personas mientras eran detenidas, entre 1971 y 1975. Había sido citado a declarar en los procesos por el asesinato de los abogados de Atocha y en juicios relacionados con grupos paramilitares antiterroristas, y también condenado por malos tratos, pero se benefició de la ley de amnistía de 1977.
Jesús Muñecas Aguilar, de setenta y siete años, fue condenado a cinco años de prisión por rebelión militar y expulsado del cuerpo de la guardia civil por haber participado en el golpe de estado del 23 de febrero de 1981. Sobre él también recae una denuncia de torturas a Andoni Arrizabalaga mientras permanecía detenido en la comisaría de Zarautz.
Las víctimas declaran en Buenos Aires
Mientras tanto, en Buenos Aires han continuado estos meses las declaraciones de las víctimas. Comenzaron en diciembre con el testimonio de Merçona Puig, hermana de Salvador Puig Antich. El procedimiento ha evolucionado con avances y con retrocesos que las víctimas atribuyen a las presiones del gobierno español.
Lo siente mucho, no volverá a ocurrir.
Un jefe de estado gobernando? Eso no ha occurrido jamás, ni ocurrirá (sean regímenes de izquierdas/derechas/da igual) No en este siglo
¡Por pedir que no quede!
Bien por Cataluña. Deseo —sueño— que lo detengan durante sus fingidos viajes de compraventa de la marca egggPPaña (fingidos porque sólo buscan mejorarle la imagen ante los que votan PPSOE y demás monárquicos), que lo juzguen y condenen y con él al franquismo y a todos los franquistas…, pero, oye, sin olvidar que el franquismo es una de las muchas caras que el capitalismo tiene.